(28 DE SEPTIEMBRE, 2021).- En los inicios de la Guerra de Iraq se contaba un chiste en el que Tony Blair, entonces primer ministro del Reino Unido, le proponía un plan bélico a George W. Bush: “Vamos a matar 14 millones de musulmanes y un dentista”. Un periodista que estaba escuchando la conversación le increpaba alarmado al primer ministro: “¿Por qué van a matar a un dentista?”. “¿Ya viste, George?” –le decía Blair a Bush- “Así nadie va a preguntar por los musulmanes”.
Estos días nos han traído de vuelta ese chiste, no por gracioso –que no lo es–, sino por certero. Los medios nos han mostrado cómo la manera en que se describen los actores involucrados en una noticia determina el juicio que tendrá sobre ellos la opinión pública. Así es como leímos la nota de que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba que se giraran órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y malversación de fondos públicos contra “31 científicos”. La palabra “científicos” figuró en primeras planas y columnas de opinión, en debates en redes sociales y en noticieros en televisión y radio.
Cuando se dio a conocer el nombre de las personas contra las que se buscaba la orden judicial, se supo que 22 de las 31 habían sido funcionarios con cargos en el CONACYT en administraciones previas a la actual. La mayoría habían sido integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), un órgano autónomo de consulta creado con base en la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002. Seamos justos: muchos de los funcionarios y funcionarias señalados desempeñaban también labores académicas –que no siempre científicas–, pero lo importante es que figuran en esa lista en virtud de las labores que realizaron como servidores públicos y no como investigadores.
Las palabras que elegimos para describir a los individuos aportan el marco dentro del que interpretamos otras palabras en el discurso, y por eso describir a una treintena de funcionarios como “científicos” abre la posibilidad de que todo lo que se diga sobre ellos se interprete como una consecuencia de su actividad profesional. El engaño consiste en omitir del discurso noticioso las labores de gestión de recursos públicos que, en última instancia, son las que motivaron las acusaciones de la Fiscalía.
Por otro lado, la Fiscalía General de la República intenta fincar una serie de delitos cuyo tipo parece desproporcionado para las actividades –lícitas o presuntamente ilícitas– que habría desempeñado el Foro Consultivo. Afirmar que estos individuos conformaron una organización con el propósito de delinquir –que sería la implicación de acusarlos de delincuencia organizada– es hiperbólico. Por si fuera poco, es una acusación que también incita una narrativa desmedida según la cual los académicos viven motivados por la búsqueda de beneficios personales y prebendas.
La opinión pública está atrapada, pues, entre dos narrativas extremas: por un lado, el relato de que los científicos y los académicos en general están siendo perseguidos en este gobierno por el simple hecho de desempeñar su trabajo. Esta narrativa extrema alimenta las fantasías y los sesgos ya conocidos de los detractores de un gobierno al que califican de anticientífico y antiintelectual, y al mismo tiempo explota un estereotipo que concibe a los científicos como gente a toda costa proba e impoluta. Por otro lado, la narrativa extrema que propician los actos de Fiscalía es que los académicos en su totalidad son élites corruptas que viven del erario sin retribuir nada a la sociedad que los financia.
En medio de los dos relatos extremos quedó silenciada una discusión pendiente: si bien la gestión de los recursos por parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. pudo ser legal en su momento, ¿es ético el dispendio documentado? ¿es ético que un grupo de unas cincuenta personas –según declaró uno de los ex-coordinadores del FCCT en una entrevista para Julio Astillero– gastara más de tres millones de pesos mensuales durante más de 17 años, mientras que las instituciones de educación superior enfrentan crisis de salarios y a menudo incumplen el pago oportuno para sus profesores de asignatura y ayudantes? La comunidad académica no es, como pretenden dibujarla los promotores de una de estas narrativas extremas, una comunidad homogénea y horizontal, sino un sector jerarquizado en el que imperan, como en el resto de la sociedad, acusadas desigualdades. Por si fuera poco, es uno de los ámbitos sociales donde con mayor comodidad se reproduce el mito meritocrático que alega que cada quien tiene lo que obtuvo con su propio esfuerzo, como si no contaran en este ámbito las conexiones, el capital cultural heredado y la pertenencia a grupos de poder.
Vivimos un momento político convulso e interesante, en el que se ha planteado una transformación de la vida pública, pero para transformarla, hay que conocerla. Nuestra sociedad está cada vez más presta a exigir transparencia total y permanente en el manejo de los recursos públicos. También es un momento en el que, si se ha de elegir entre lo legal y lo justo, a menudo coincidimos en que las leyes son las que deben ceñirse a la ética y no al revés. Todo esto es lo que está en el trasfondo de casos como este. Las narrativas engañosas de los medios buscan silenciar una discusión urgente que no debemos negarnos a tener.
*Violeta Vázquez-Rojas Maldonado es Doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York. Profesora-investigadora en El Colegio de México. Se dedica al estudio del significado. Ha publicado investigaciones sobre la semántica del purépecha y del español y textos de divulgación y de opinión sobre lenguaje y política.
